Pena de muerte

En México seguimos debatiendo la pena de muerte.
El debate sobre todo aparece en tiempos electorales. Cuando los partidos y los políticos tienen que ofrecer algo a los electores en materia de seguridad pública.
Como ahora, que la criminalidad y la violencia están creciendo —y algunos creen que hasta fuera de control— y tenemos encima un proceso electoral.
De hecho, desde hace meses el Partido Verde Ecologista de México ha propuesto la pena de muerte para secuestradores. Paradójicamente, puesto que se trata de un partido verde, además de haberle costado el desconocimiento de la federación de partidos verdes de Europa.
Pero no será el único caso.
Las campañas electorales comenzarán en mayo próximo. Dado que una de las grandes demandas sociales es la seguridad, es muy probable que algún político o partido enarbole nuevamente la pena de muerte.
Aunque nunca llegue a convertirse en un proceso legislativo serio. Aunque la pena de muerte no resuelva por sí misma la criminalidad ni aquí ni en China.
En Estados Unidos, por ejemplo, la pena de muerte sigue vigente en varios estados y no ha logrado que la delincuencia desaparezca.
Por el contrario, en otras naciones se ha tomado la decisión de eliminar la pena de muerte en cualquier supuesto.
La más reciente ha sido Italia, donde se ratificó el decimotercer Protocolo de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que abole la pena de muerte en cualquier circunstancia. Se trata de la nación europea número 41 que ha tomado esta decisión que consolida al viejo continente como zona libre de pena de muerte.
México, en los hechos, ha abolido la pena de muerte. Persiste en la legislación pero hace más de una década que no se aplica.
De hecho, lo paradójico del asunto es que cada vez que un mexicano es condenado a la pena de muerte en Estados Unidos, defensores de los derechos humanos y funcionarios cuestionan el hecho.
Pero sin que se tomen medidas en la legislación mexicana.
A veces hasta pareciera que eso no ocurre porque en los procesos electorales —y en el que sigue y el que vendrá— los partidos y los políticos necesitan banderas como la pena de muerte, para intentar convencer a una sociedad de que están preocupados por su seguridad y tan indignados con la incidencia delictiva y la violencia como el que más.